La protección social siempre contiene una dimensión temporal.

Cuando una persona se incorpora a una mutualidad, entra a formar parte de un sistema orientado a resolver necesidades presentes y a construir respuestas duraderas. También se integra en una comunidad creada a lo largo de los años, con la responsabilidad de preservar su utilidad para las generaciones futuras.

Esta continuidad es una de las expresiones más profundas del mutualismo.

La solidaridad mutualista relaciona a personas que comparten riesgos en un mismo momento y conecta generaciones con necesidades, expectativas y formas de entender la protección diversas.

Una sociedad que cambia

La mayor longevidad, la transformación de las estructuras familiares, las nuevas trayectorias profesionales y los cambios tecnológicos están modificando la relación de las personas con la previsión social.

Las necesidades de protección evolucionan al mismo ritmo que la sociedad.

Una persona joven puede valorar especialmente la flexibilidad, la facilidad de acceso digital o la capacidad de adaptar las coberturas a una vida laboral menos estable.

Una persona de mayor edad puede priorizar la continuidad, el acompañamiento personal, la comprensión de los procedimientos y la presencia de canales de atención humana.

Estas visiones aportan elementos complementarios.

El reto institucional consiste en integrarlas dentro de un mismo proyecto de protección.

Recibir, preservar y transmitir

Cada generación recibe instituciones construidas con anterioridad.

Recibe conocimiento acumulado, sistemas de gobernanza, recursos, prácticas profesionales y una cultura de protección desarrollada por las personas que la han precedido.

Esta herencia necesita cuidado, revisión y adaptación.

Preservar implica identificar los elementos que dan sentido a la institución. Adaptar implica actualizar sus respuestas para que continúen siendo útiles en un entorno cambiante.

En el mutualismo, esta distinción resulta especialmente importante. Los instrumentos pueden evolucionar mientras la protección compartida, la participación y la vocación de servicio mantienen su centralidad.

Ampliar el horizonte de las decisiones

Muchas decisiones organizativas se valoran por sus resultados inmediatos: reducción de costes, simplificación de procesos, agilidad o capacidad de respuesta.

Estos objetivos conviven con otra exigencia: preservar la solidez del sistema a largo plazo.

En la previsión social, las decisiones adoptadas hoy pueden afectar a personas que necesitarán protección muchos años después. También pueden condicionar la solidez futura de la entidad, la calidad de las prestaciones y la capacidad de asumir nuevos riesgos.

Esta realidad introduce una pregunta relevante en la toma de decisiones:

¿Esta medida resuelve una necesidad presente y contribuye a preservar el sistema para el futuro?

La mirada intergeneracional amplía el horizonte de la gobernanza. Recuerda que una institución responde ante las personas que hoy ocupan los espacios de decisión y ante las que dependerán de ella más adelante.

Representar miradas diversas

La solidaridad intergeneracional debe reflejarse en los espacios de gobierno, participación y deliberación.

Las organizaciones toman decisiones más completas cuando incorporan experiencias diversas.

Las personas con mayor trayectoria pueden aportar memoria institucional, conocimiento del modelo y comprensión de los procesos vividos.

Las generaciones más jóvenes pueden introducir nuevas preguntas, otras formas de relacionarse con la tecnología y una sensibilidad distinta ante los riesgos emergentes.

La combinación de estas miradas mejora el criterio institucional.

La diversidad generacional es una fuente de conocimiento y una condición útil para anticipar mejor las necesidades futuras.

Innovar con criterios de inclusión

La digitalización es uno de los ámbitos en los que la diversidad generacional se hace más visible.

Los canales digitales pueden mejorar el acceso, reducir tiempos, facilitar gestiones y adaptarse a los hábitos de muchas personas.

Al mismo tiempo, una transformación digital basada exclusivamente en canales virtuales puede generar dificultades para una parte de la comunidad.

La innovación responsable debe garantizar que las nuevas herramientas mejoren el servicio y mantengan el acceso para todas las personas.

Esto puede exigir modelos híbridos, atención personalizada, apoyo en los procesos digitales y una revisión constante de las barreras de acceso.

El objetivo es ofrecer canales adecuados para que cada persona pueda ejercer sus derechos y relacionarse con la entidad en condiciones dignas.

Compartir recursos y responsabilidades

La solidaridad intergeneracional también implica gestionar los recursos con equidad.

En cualquier sistema de protección, las aportaciones, las prestaciones y las reservas deben administrarse con criterios de sostenibilidad y responsabilidad.

Esta gestión puede requerir decisiones complejas.

Las realidades demográficas y sociales evolucionan, y las respuestas institucionales también deben adaptarse. Cualquier cambio necesita reglas claras, información transparente y procesos legítimos.

La solidaridad permite gestionar los límites preservando el vínculo entre las personas y distribuyendo los esfuerzos con criterios de equidad.

Un pacto que se renueva

El mutualismo puede entenderse como un pacto entre personas que deciden protegerse de forma compartida.

Este pacto se renueva a medida que cambian las necesidades y se incorporan nuevas generaciones.

Renovarlo significa explicar el sentido del modelo, actualizar los servicios, ampliar la participación y garantizar que la institución continúe siendo reconocible para quienes la han construido y relevante para quienes se incorporan.

La continuidad se construye combinando memoria, transformación y capacidad de adaptación.

Proteger también es dejar futuro

La previsión social da respuesta a las necesidades actuales y construye instituciones capaces de resistir el paso del tiempo, adaptarse y mantener la confianza.

Esta es una responsabilidad compartida entre los equipos profesionales, los órganos de gobierno y las personas mutualistas.

Cada decisión contribuye a definir la institución que recibirán las generaciones futuras.

Proteger a las personas de hoy es esencial. Dejar una organización sólida, comprensible y humana para las personas de mañana forma parte del mismo compromiso.

La gobernanza democrática constituye una de las características esenciales del modelo mutualista. Las personas mutualistas son destinatarias de protección, titulares de derechos y miembros de una comunidad organizada. Esta condición les permite intervenir en las decisiones que orientan el presente y el futuro de la entidad.

Trasladar este principio a la práctica exige una atención constante.

La participación incluye el derecho de voto, la asistencia a las asambleas, el acceso a información comprensible, la capacidad de deliberación y la existencia de canales de escucha. También requiere una cultura institucional que reconozca a las personas mutualistas como parte activa del proyecto compartido.

Más allá del cumplimiento formal

Los estatutos, las asambleas y los procedimientos de votación proporcionan legitimidad, seguridad jurídica y unas reglas comunes para la toma de decisiones.

La calidad de la participación depende también de las condiciones en las que se ejercen estos derechos.

Una persona puede disponer de la documentación correspondiente y encontrar dificultades para comprender qué se decide. La información puede ser completa desde un punto de vista técnico y, al mismo tiempo, resultar poco accesible o difícil de relacionar con las consecuencias concretas de cada opción.

Por ello, la calidad democrática de una mutualidad puede valorarse a partir de varios elementos: la existencia de canales de participación, su accesibilidad, la claridad de la información y la utilidad real de las aportaciones.

Informar también es explicar

La transparencia es una condición esencial para participar. Incluye el acceso a la documentación y la capacidad de comprenderla.

Cuando una decisión afecta a las prestaciones, las aportaciones, los servicios o el equilibrio futuro de la entidad, conviene explicar:

· qué problema se quiere resolver;

· qué alternativas se han valorado;

· qué consecuencias puede tener cada opción;

· qué criterio orienta la propuesta;

· y de qué manera se protege el interés del conjunto.

El lenguaje claro se convierte así en una herramienta de gobernanza. Permite hacer accesibles cuestiones complejas manteniendo el rigor y la precisión.

Una institución que explica bien facilita una participación más informada y refuerza la confianza en los procesos de decisión.

Escuchar antes de decidir

La participación también necesita espacios de escucha.

La asamblea general es el espacio soberano de decisión. A su alrededor, otros canales pueden ampliar la relación entre la mutualidad y las personas que forman parte de ella.

Las encuestas, las sesiones informativas, los grupos de trabajo y las herramientas digitales pueden ayudar a identificar preocupaciones que difícilmente surgirían en una única reunión anual.

Estos canales enriquecen la labor de los órganos de gobierno.

La escucha continuada permite detectar nuevas necesidades, valorar la experiencia de las personas mutualistas y anticipar posibles dificultades. También ayuda a comprender que una misma decisión puede tener efectos distintos según la edad, el territorio, la situación familiar o el grado de vinculación con la entidad.

El retorno forma parte de la participación

La confianza también depende de saber qué ocurre después de haber participado.

Cuando una persona responde a una consulta, formula una propuesta o expresa una preocupación, espera conocer el tratamiento que ha recibido su aportación. Cada propuesta puede generar una respuesta distinta, de acuerdo con las posibilidades y las responsabilidades de la entidad.

Este retorno puede adoptar formas sencillas:

· resumir las principales ideas recogidas;

· explicar qué propuestas se han incorporado;

· justificar los criterios aplicados a las propuestas descartadas;

· o indicar los pasos previstos a continuación.

Una respuesta clara refuerza la percepción de que la escucha es real y de que la contribución de las personas tiene un valor institucional.

Participar implica asumir responsabilidades

El mutualismo articula derechos y corresponsabilidades.

Participar permite expresar necesidades y defender intereses legítimos. También implica comprender que las decisiones deben preservar el equilibrio del conjunto, la sostenibilidad de la entidad y la continuidad de la protección en el tiempo.

Esta dimensión resulta especialmente relevante en las organizaciones que gestionan riesgos compartidos.

Las preferencias individuales conviven con necesidades diversas y recursos limitados. Algunas decisiones pueden resultar adecuadas a corto plazo y generar dificultades en el futuro. La deliberación ayuda a valorar estos equilibrios con una mirada más amplia.

La participación madura combina la defensa de las necesidades propias con una comprensión del interés mutual.

El papel de la tecnología

Las herramientas digitales pueden ampliar la participación, facilitar el acceso a la información y permitir la intervención de personas alejadas de los espacios presenciales.

La calidad democrática de estas herramientas depende de su diseño y de las condiciones de acceso.

Una plataforma puede facilitar consultas, votaciones o sesiones virtuales. También puede generar dificultades para las personas con menores competencias digitales, con problemas de accesibilidad o con una conectividad limitada.

La tecnología debe ampliar las posibilidades de participación. Para conseguirlo, conviene incorporar asistencia, criterios de accesibilidad y canales alternativos.

Una cultura institucional

La participación efectiva depende de los estatutos, de los procedimientos y de las herramientas disponibles. La cultura institucional completa este marco.

Una mutualidad participativa comparte información con tiempo, escucha antes de decidir y explica los criterios aplicados después de cada decisión.

También reconoce la pluralidad interna, acoge el desacuerdo expresado con respeto y reserva tiempo para la deliberación.

La gobernanza democrática puede requerir procesos más pausados. Esta dedicación genera legitimidad, corresponsabilidad y confianza.

Una participación con sentido

El futuro del mutualismo dependerá de su capacidad para mantener vivas las estructuras de gobernanza y hacerlas significativas para las nuevas generaciones.

Esto exige definir con claridad los ámbitos de participación, los canales disponibles y el efecto que pueden tener las aportaciones.

Participar es formar parte de las decisiones que sostienen la protección compartida.

En una mutualidad, cuidar la participación también es cuidar la institución.

Algunas sentencias aportan una mirada especialmente valiosa sobre los modelos que estructuran los sistemas de protección social, porque ayudan a ordenar conceptos y comprender mejor su lógica jurídica.

La Sentencia del Tribunal Supremo 1937/2025, de 22 de diciembre, se inscribe en este tipo de resoluciones. Más allá del caso concreto que analiza, ofrece una lectura relevante sobre la naturaleza jurídica del mutualismo y su ensamblaje dentro del sector asegurador.

Mutualismo y seguro: una doble dimensión integrada

El Tribunal Supremo reafirma una doctrina ya consolidada: las mutualidades de previsión social operan en una doble dimensión integrada.

Por una parte, desarrollan una función aseguradora, sujeta a la Ley de contrato de seguro.

Por otro lado, funcionan como organizaciones de base mutual, regidas por los principios de participación, igualdad y gobernanza democrática.

Esta combinación configura una arquitectura propia, que permite entender el mutualismo como modelo específico dentro del sistema de protección, con reglas y equilibrios adaptados a su naturaleza colectiva.

El artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros en el contexto mutualista

La sentencia pone de manifiesto la importancia de leer el artículo 3 de la LCS de forma sistemática y contextualizada.

En las mutualidades, determinadas modificaciones de prestaciones se derivan de acuerdos adoptados por los órganos soberanos, de acuerdo con los estatutos y mediante procedimientos democráticos. En este marco, el consentimiento de los socios se articula de forma estatutaria y colectiva, como expresión de la participación en el gobierno de la entidad.

Esta forma de articular el consentimiento refuerza la coherencia del modelo y garantiza la transparencia desde la propia lógica del mutualismo.

Ajustes colectivos y sostenibilidad del sistema

Otro elemento relevante que destaca la sentencia es la capacidad del mutualismo para ajustar el equilibrio entre aportaciones y prestaciones cuando las circunstancias lo requieren y los estatutos lo contemplan.

Esta capacidad de adaptación permite preservar la sostenibilidad del sistema, mantener la equidad entre mutualistas y asegurar la continuidad de protección en el tiempo. Se trata de una expresión de solidaridad organizada, basada en reglas claras y compartidas.

Una forma propia de articular los derechos

El mutualismo se basa en una arquitectura colectiva de protección que va más allá de la relación estrictamente bilateral.

En este modelo, los derechos individuales se desarrollan en un marco común, aprobado democráticamente, que integra corresponsabilidad, participación e interés mutual. Esta forma de articular los derechos forma parte esencial de su naturaleza jurídica y de su valor social.

Una lectura con alcance general

Leída con perspectiva, esta sentencia contribuye a ordenar el marco conceptual del mutualismo y reconocer la pluralidad de modelos de protección existentes dentro del sistema asegurador.

También pone de relieve el papel de la gobernanza democrática como elemento clave en determinadas formas de organización de la previsión social, y la importancia de una lectura jurídica ajustada a cada modelo.

Conclusión

Una comprensión rigurosa de los distintos modelos de protección permite regularlos con criterio, explicarlos con claridad y proyectarlos con responsabilidad.

En este sentido, resoluciones como ésta refuerzan la lectura del mutualismo como una arquitectura jurídica y social de protección compartida, plenamente integrada en los sistemas contemporáneos de previsión social.

El presidente de la Federación de Mutualidades ha destacado el largo recorrido histórico de las entidades de la ESS y su papel estructural en la economía del país.

Barcelona, ​​12 de diciembre de 2025.

El Parlamento de Cataluña ha acogido las primeras ponencias del futuro Proyecto de ley de la economía social y solidaria con una primera intervención del presidente de la Federación de Mutualidades, Jordi Busquet. También ha participado Juli Martínez del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya (CEESC). Estas dos primeras intervenciones han coincidido en la necesidad de definir con rigor el marco de la ESS para garantizar que la futura norma preserve los valores que históricamente han vertebrado el sector.

Jordi Busquet ha recordado que la Federación de Mutualidades forma parte de la Asociación Economía Social Cataluña (AESCAT) y que las organizaciones de la economía social y solidaria «invertimos en país, generamos puestos de trabajo estables y tenemos impacto en el territorio».

Por otra parte, Busquet ha alertado del riesgo de la apropiación indebida del concepto de ESS por parte de empresas que no cumplen los criterios: «Una empresa que se defina como responsable no tiene por qué ser una entidad de la economía social y solidaria». Por eso, ha defendido que la futura ley establezca un marco normativo sólido, capaz de preservar la esencia del sector y de impulsarlo como herramienta estratégica para el desarrollo económico y social de Catalunya.

Finalmente ha destacado el proceso democrático y participativo que ha llevado a la AESCAT a elaborar un documento de consenso, realizando investigación internacional e incorporando las aportaciones de más de 500 organizaciones.

Las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios

Tras escuchar atentamente las intervenciones de Jordi Busquet y Juli Martínez, los distintos grupos parlamentarios han planteado algunas preguntas sobre los requisitos para formar parte de la ESS. En concreto se han interesado por la participación democrática, la calidad del servicio, la relación entre lucro y beneficio, el efecto sobre la rentabilidad, el papel del Consejo y del Plan Nacional de la ESS, y la necesidad de garantizar que la norma no excluya a ninguna organización que realmente sea parte del sector. El debate ha evidenciado la voluntad general de seguir avanzando hacia un texto ampliamente consensuado.

El modelo ético de organizaciones de la ESS como la Federación de Mutualidades

Las empresas y entidades que forman parte de la ESS en Cataluña suman más de 7.400 organizaciones, 140.000 empleos y una facturación total de 8.000 millones de euros.

Además, las entidades que pertenecen a la Federación de Mutualidades de Catalunya reinvierten los beneficios en mejoras y servicios para sus mutualistas, están formadas por personas, toman las decisiones de forma democrática y priorizan el interés colectivo por encima del capital.

Campaña de comunicación «La economía que emociona»

Paralelamente al inicio de las intervenciones parlamentarias de la futura ley de la economía social y solidaria se ha iniciado la campaña de comunicación «La economía que emociona» de la AESCAT. Una iniciativa que reivindica el valor transformador de la ESS como una economía que funciona, cuida y transforma.